ANTECEDENTES
La crisis que sufre el Sistema de Salud tiene su origen en la forma como ha sido manejado por los empresarios privados.
A finales de los 80 y en la década de los 90 los medios informaban sobre el pobre desempeño del Instituto de Seguros Sociales y CAPRECOM afirmando que era resultado de la falta de capacidad del Estado para asumir estas responsabilidades; el pueblo ignoraba que detrás de esto se encontraba el virus de la corrupción.
Los Constituyentes del 91 afirmaron que “la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio… [la cual] podrá ser prestada por entidades públicas o privadas”[i] y dejaron la base para que se entregara en el corto plazo en las manos de los privados:
“El Gobierno formará una comisión integrada por representantes del Gobierno, los sindicatos, los gremios económicos, los movimientos políticos y sociales, los campesinos y los trabajadores informales, para que en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, elabore una propuesta que desarrolle las normas sobre seguridad social. Esta propuesta servirá de base al Gobierno para la preparación de los proyectos de ley que sobre la materia deberá presentar a consideración del Congreso”[ii].
La privatización de la Seguridad Social nació con la Ley 100 donde se permitió que cualquier empresario se apropiara de ella; la única condición que se pedía era que tuviese dinero y preferiblemente algo de experiencia; pero esto, no era importante[iii].
Se cautivó a los empresarios diciéndoles que los dineros del Sistema de Salud los iban a administrar ellos; sin embargo, solo dos empresas con experiencia ingresaron al proceso: SUSALUD (Hoy SURA) y COOMEVA, cuyos directivos fueron acusados de apropiarse de $3,5 mil millones; ingresó también CAPRECOM; la primera Caja de Previsión Social en Colombia que posteriormente entró en proceso de liquidación; una asociación de médicos recién creada llamada UNIMEC que se disolvió y SALUDCOOP, que apareció de la nada.
Cinco años después operaban 30 EPS (19 privadas y 11 públicas) en el régimen contributivo, mientras que en el régimen subsidiado se encontraban 17 EPS (8 privadas y 9 públicas). No habían grandes inversionistas, aunque el gobierno había ofrecido el Sistema a empresas especializadas como la Kaiser Permanente de Estados Unidos; a quien no le interesó la propuesta.
El poco interés de los inversionistas tuvo que ver con la dudosa rentabilidad del negocio; una cuota (Unidad de Pago por Capitación) tan baja no daba para comprometerse con el Plan de Beneficios solicitado por el gobierno para atender eficientemente a la población, incluyendo las preexistencias en adultos mayores y las enfermedades llamadas de alto costo.
La salida de los pacientes para defender su derecho a la salud ha sido la tutela, que fue aumentando progresivamente hasta el 2008, cuando se presentaron 142.957 tutelas en salud; de las cuales, cerca del 80% fueron aceptadas por los jueces.
La Corte Constitucional aceptando lo evidente emitió la sentencia T-760 donde estableció que la salud es un derecho fundamental y este servicio debía ser prestado en condiciones de equidad a todos los colombianos; sentencia que fue reglamentada en el 2016 por la ley estatutaria 1751 donde se dio al profesional en medicina una mayor autonomía para escoger los tratamientos más adecuados y se eliminó la camisa de fuerza que significaba en Plan Obligatorio de Salud – POS, cambiándolo por un Plan de Beneficios más acorde con el perfil epidemiológico y carga de la enfermedad propia de cada territorio; aún así, nos encontramos ante un nuevo Sistema de Salud donde se ha obligado a las Instituciones Prestadoras del servicio a perder su contacto habitual con los pacientes y depender de las decisiones que tomen las EPS; las cuales, actuando como empresas comerciales buscan la utilidad y propician la competencia entre las IPS con el fin de disminuir los costos. Es un sistema que ha convertido el paciente en cliente.
El Sistema de Salud actual cuenta con más de 45 millones de afiliados; la mitad en el régimen contributivo[iv] y otro tanto en el régimen subsidiado.
Es un sistema donde trabajadores y empresarios particulares aportan más de 25 billones de pesos[v] anuales y donde el 50% de la población no tiene recursos para pagar su salud; ni siquiera para vivir dignamente.
El Modelo de Salud actual posee graves contradicciones internas; siendo la más crítica, que continúa enfocado en la cura de la enfermedad dejando en un segundo plano las acciones de prevención en el territorio.
Las consecuencias de la privatización del modelo se observan especialmente en el desaforado incremento de las consultas médicas[vii]. Durante el 2016, se realizaron más de 270.000 consultas médicas diarias y la dificultad de su acceso está ocasionando que se disparen los ingresos por urgencias, que ya han superado los 17.000 pacientes por día[viii]. Es un sistema con “pacientes–clientes” mal atendidos.
El modelo de salud se ha fragmentado predominando las individualidades de los integrantes de la red; con una baja relación estructural y funcional entre los sistemas de salud preventivo y curativo y no parece posible hacer que funcionen como un sistema integrado.
La golosina que entregó el gobierno a las EPS fue la posibilidad de captar el dinero de los contribuyentes y utilizarlo en el mercado financiero; la falta de control en estos manejos ocasionó que los privados invirtieran los recursos en infraestructura hospitalaria y otras diferentes al objeto de la salud generando una burbuja que después no fueron capaces de controlar.
Es necesario cambiar de enfoque
Se requiere un Sistema de Salud enfocado a disminuir el número de pacientes mediante la prevención minimizando las enfermedades no transmisibles y controlando la presencia de los agentes transmisores de la enfermedad como son los virus, las bacterias y los parásitos, donde los recursos de investigación se destinen a profundizar el perfil epidemiológico del territorio y ampliar el conocimiento de las enfermedades que difícilmente puedan ser controladas.
Se requiere optimizar el acceso a la salud implementando programas donde se identifiquen las necesidades de cada territorio y específicamente de cada hogar.
Se requiere contar con herramientas resolutivas para prevenir y controlar la enfermedad en sus inicios; una Seguridad Social preventiva.
EXPERIENCIAS DEL BOGOTÁ HUMANA
Durante la administración de Bogotá Humana la salud de la población fue atendida a través del Programa “Territorios Saludables” cuyos equipos contaban con una capacidad de respuesta altamente resolutiva; estaban integrados por un profesional de medicina, uno de enfermería y dos técnicos en salud, articulados a equipos de respuesta complementaria. Se constituyeron 1.005 Micro-territorios y 85 territorios con 14 equipos de vigilancia sanitaria, ambiental, epidemiológica y extramural (Plan Ampliado de Inmunizaciones), garantizando una cobertura del 100% de los hogares que habitan zonas sin estrato y de estrato 1 y 2.
Se destinaron 6.000 profesionales de la salud para recorrer las zonas más pobres de la ciudad atendiendo a 800.000 familias; entre las cuales se encontraban 54.711 madres gestantes; se disminuyó en 2.5% la tasa de mortalidad Infantil y se bajó a cero el número de niños muertos por desnutrición
La atención en el Ámbito Familiar permitió el ingreso de psicopedagogos, maestras y nutricionistas que llegaron a 99.766 infantes y se potenció el compromiso de las familias y las comunidades con la protección y el desarrollo integral de la primera infancia.
Se montaron 17 Centros de Atención Móvil a Drogo-Dependientes - CAMAD, en los cuales se atendieron 32.522 jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas; por los resultados alcanzados y lo novedoso de esta estrategia fue seleccionada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, como “Experiencia Exitosa en Latinoamérica para ser replicada”.
MODELO PROPUESTO
El país debe desmontar la intermediación financiera rentista, lo que supone la eliminación de las EPS y reenfocar el diseño del sistema hacia la prevención, para lo cual se proponen los siguientes elementos:
1. El Sistema de Salud debe estar fundamentado en la Atención Primaria en Salud, con cobertura universal y una organización basada en las redes integrales de servicios de salud y orientado, no solamente a la prestación de servicios, sino también al control y mejoramiento de los determinantes sociales de la salud.
2. Recuperación de la administración y dirección por parte del Estado:
Se propone que el ente rector esté conformado por el Ministerio de Salud, entes descentralizados afines y organizaciones de la sociedad civil, quienes serán los resposables de la dirección general del sistema. El mapa sanitario del país estaría conformado por Territorios Saludables establecidos conforme a las características epidemiológicas de cada región colombiana. Cada Territorio Saludable también tendría su ente rector para lo cual contará con la participación de los entes estatales de salud, más las organizaciones de la sociedad civil presentes en el territorio.
3. Creación de un Fondo Financiero Único, con la responsabilidad del recaudo de todos los dineros destinados a la salud, así como el pago de los gastos y recursos que demanden el goce efectivo del derecho a la salud.
4. Fortalecimiento de la red pública de servicios de salud, con énfasis en los Hospitales Universitarios como centros de referencia, de pensamiento, formación, investigación e innovación de la salud.
5. Desarrollo de un sistema de información único, público, trasparente, disponible en línea, que permita tener los elementos empíricos oportunos para la toma de decisiones en política pública, y que en sí mismo sea un instrumento para evitar la corrupción en el sector salud.
6. Garantizar la destinación específica de los recursos públicos de la salud, que conforme a lo interpretado por la Corte Constitucional en su jurisprudencia: “…no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente”.
7. Fortalecer una Política de control de precios de medicamentos en todos los niveles de la cadena, estableciendo un sistema de vigilancia a su calidad. Los Tribunales de Ética Médica garantizarán la transparencia en las relaciones entre la industria y los prescriptores. Cualquier falta cometida en este sentido será sancionada acorde con la Ley 23 de 1981 y demás normatividad civil o penal vigente.
8. Reconocimiento de la dignidad de los trabajadores de la salud, que garantice condiciones laborales justas, dignas y estables.
9. Reconocimiento a médicos y médicas que ingresen a los programas de formación como especialistas en con una adecuada remuneración y con la abolición del pago de matrícula , puesto que durante este proceso dichas personas desempeñan labores asistenciales, docentes e investigativas que redundan en beneficio de la institución de salud y de la universidad correspondiente. Ver Propuesta de la Politica publica del Sistema de Salud presentada por gremios y asociaciones del sector salud.
Continúe con VAMOS POR UNA CONSTITUYENTE A PARTIR DE LOS TERRITORIOS
[i] Constitución Política de Colombia, 1991, art. 48; reglamentado por la ley 100 de 1993.
[ii] Ibidem, art. transitorio 57
[iii] LEY 100, art. 180.-Requisitos de las entidades promotoras de salud: A. Tener una razón social y una personería jurídica que la identifique y que exprese su naturaleza de ser como EPS cuyos objetivos fueran la afiliación y registro de la población al sistema general de seguridad social en salud, el recaudo de las cotizaciones y la promoción... B. Contar con un programa que le permita tener una base de datos, acreditar la capacidad que puede desempeñar esas funciones y C. Tener un capital que garantice la viabilidad económica y financiera.
[iv] Base de Datos Única de Afiliación – BDUA, Supersalud.
[v] Informes de resultados financieros publicado por la Supersalud.
[vi] “Constitución Política de Colombia”, art. 49; Reglamentado por la Resolución 4288 de 1996.
[vii] ENDS 2010, pg. 404.
[viii] Análisis de la Situación en Salud, 2016, pg. 88, 89.
[viii] Balance de resultados del Plan de Desarrollo Distrital 2012 – 2016 “Bogotá Humana” a 31 de diciembre de 2015.
Resumen recopilado por Miguel Pacheco
