El Estado es una estructura fija dentro de la cual los políticos desarrollan sus actividades desplegando estrategias para mantenerse en el poder.

En el llamado "juego de la política" participan quienes han llegado a altos niveles de liderazgo en cada partido. Por la naturaleza de este juego son personas altamente competitivas, astutas y calculadoras, con capacidad para aumentar su poder y el de su partido. El Estado es el lugar donde se desarrolla y donde despliegan sus estrategias.

ANTECEDENTES

En cada territorio del país hay un grupo de familias, llamados tradicionalmente caciques o gamonales; a quienes, desde su infancia se les viene preparando para gobernar; sus antepasados tomaron posesión de la tierra en una de las tantas guerras o conflictos que ha tenido en el país y es aceptado como algo natural que los gamonales se adueñen de las riquezas que poseen las regiones: explotando el subsuelo, acabando con el agua y apoderándose de grandes extensiones de terreno.

Tienen a su favor los recursos del Estado y su objetivo más importante es mantener el statu quo del territorio.

El imaginario formado alrededor de un Estado donde participan estos magnates territoriales es el soporte de la estructura de gobierno; hay una aceptación tácita de que ellos son gobernantes naturales y les debe dar el voto y la autoridad para que disputen el poder y capten instituciones a través de las cuales se fortalecen. Los caciques organizan electores, gestionan obras, obtienen recursos y promueven la participación popular en diversos eventos; adicionalmente son ellos quienes reparten los cargos públicos locales y manejan los dineros que el gobierno destina a la región.

La estructura del Estado y la toma de las instituciones les permite desplegar con eficiencia sus estrategias incluso vulnerando los derechos de la población; ellos requieren que El Estado posea los mecanismos necesarios para ordenar o prohibir por iniciativa propia y sin ninguna dependencia de sus "súbditos".

En la práctica, montan una maquinaria compuesta por directivos de las diferentes instituciones, especialmente de los organismos de control y de aquellos desde donde se imparte justicia: procuraduría, contraloría, personería, fiscalía y juzgados de la república; desde ellas pueden presionar u otorgar favores beneficiando a quienes están con ellos y castigando a sus opositores. También luchan descarnadamente posiciones en la registraduría y hacen gala del dicho popular que dice: "el que escruta elige". 

Los medios han venido denunciando la presencia de estas maquinarias en todas las instituciones; en el caso de la justicia ha aparecido titulares como “Fiscalía adelanta más 3.000 investigaciones por corrupción de jueces”[1]; “Plaga de la corrupción, infiltrada en los órganos que deben combatirla”[2]; "Mafias que se encargan de llevar a la cárcel a quienes estén en contra de la maquinaria política de algunas regiones[3]. También han denunciado los carteles de jueces donde se negocian los fallos[4] informando que el nivel de la corrupción se encuentra en toda su magnitud en las Altas Cortes donde magistrados, exmagistrados y expresidentes de la Corte Suprema de Justicia han sido “salpicados” por casos de corrupción. Estas denuncias, son solo la punta del Iceberg.

El poder de los corruptos ha superado las barreras de la constitucionalidad burlando incluso la controvertida Reforma Constitucional del Equilibrio de Poderes que buscaba controlar la autoridad sin control y la corrupción que existe y se maneja desde las altas cortes; para ello se ordenó que la elección a cargos públicos se realizara a través del concurso público con base a un examen de las capacidades de los aspirantes; sin embargo, esta ley no ha sido un impedimento para que  instituciones y “organismos de control continúen bajo el mando de los clanes regionales y en el bolsillo de mandatarios locales” y la elección de los máximos jueces del control fiscal y administrativo siga marcada por la decisión de políticos que buscan favorecer sus intereses personales[5].

En los concejos, por ejemplo, los planes que conducen al desarrollo del municipio se aprueban o rechazan de acuerdo con la cantidad de concejales afines a la corriente política del alcalde o con quienes este haya negociado; en el concejo, las mayores discusiones, los grandes debates y los generadores de conflictos más profundos se producen cuando se está eligiendo al contralor o al personero de la ciudad; es allí donde los concejales se entregan a fondo, aflorando sus habilidades para realizar acuerdos, componendas y alianzas buscando la mayor cuota posible dentro de la maquinaria.

Es necesario retomar el rumbo hacia un Estado equilibrado donde se priorice el crecimiento a partir del ser humano y el mecanismo del control político ejercido por las maquinarias se transforme en un control de desarrollo enfocado en lograr una paz soportada en el bienestar del ciudadano garantizando atención prioritaria a la primera infancia, seguridad social, educación, justicia y empleo entre otras.

EL PODER CONSTITUYENTE

El poder constituyente es la única fuerza democrática que permite transitar desde las degradadas y corruptas formas de gobierno hacia una administración donde participan las multitudes en su diversidad; donde los pobladores del territorio se hace participen de sus conquistas teniendo como objetivo el Buen Vivir en el país. El accionar del Poder Constituyente implica minimizar la influencia de intereses particulares y de poder por parte de los partidos políticos y permite conducir a una paz soportada en el bienestar, garantizando entre otras la Atención Prioritaria a la primera infancia; Seguridad Social en Salud y Pensiones; Educación democratizada; Justicia; sustitución de las fuentes de energía no renovables y acciones para la productividad y generación de empleo.

El Poder Constituyente tiene la capacidad de producir la paz y el protagonista es el país nacional, no el país político.

Los sistemáticos asesinatos de líderes sociales, las permanentes violaciones de los derechos humanos y el manejo político que se ha dado a los acuerdos de la Habana producen nuevas violencias. Al presidente no le interesa afectar la estructura actual del Estado porque implicaría colocarlo al servicio de la gente; sin embargo, es necesario democratizar el acceso a la tierra; desmontar el poder de las mafias; garantizar el derecho fundamental al agua, a la salud y la educación de calidad; priorizar el páramo antes que a la codicia minera; el statu quo en el cual se soportan los intereses de los magnates territoriales debe ser cuestionado.

La paz real requiere que se identifique lo que marcha mal y sus causas. No existen manuales para cambiar la historia, pero la evidencia empírica enseña que la historia la cambian los pueblos y el convencimiento que la única vía para alcanzar este cambio implica romper con la política que nos trajo hasta este punto.

Hay dos opciones: la transformación desde y con la gente o esperar eternamente algo bueno por parte de los políticos que dirigen el país; la vieja política ha demostrado su fracaso, pero se aferra al poder con violencia para no perder sus privilegios y una nueva política que emerge desde los territorios enfrentando a las mineras transnacionales; convocando cabildos; discutiendo sobre la corrupción y el destino del pais en las calles y soportando la violencia estatal que se manifiesta a través de la fuerza pública.

Es el momento de activar el poder constituyente para que los deseos de la gente venzan sobre la codicia de las élites; es necesario que la nueva política termine de nacer.

¿Y qué es el poder constituyente?

El pensamiento tradicional ha impuesto un significado reducido del poder constituyente limitándolo a ser algo que se activa únicamente en momentos convenientes a la vieja política; sin embargo, el poder constituyente es una fuerza permanente que reside en la ciudadanía como constituyente primario con la capacidad para cambiar el modo como se gobierna el país.

LA CRISIS SOCIAL, ECONÓMICA Y MORAL QUE SUFRE EL PAÍS EXIGE ACTIVAR EL PODER CONSTITUYENTE CON URGENCIA PARA ELIMINAR DE UNA VEZ POR TODAS LAS CAUSAS DE LA GUERRA.

Se requiere de una Constituyente que surja a partir del territorio, donde tengan presencia las fuerzas políticas, sociales y económicas involucradas; una constituyente enfocada en tratar los cambios fundamentales que deben hacerse en la Constitución para garantizar: el desmonte de las maquinarias políticas de las instituciones, la democratización de la tierra, la política de seguridad social en salud y pensiones para toda la población; la limpieza de la rama judicial; la formación profesional masiva de los jóvenes y el alineamiento del país hacia un futuro sustentable a través del manejo de las energías limpias y el fortalecimiento  de la agroindustria con enfoque en lo ambiental.

Información recopilada por Miguel Pacheco

You have no rights to post comments