DuqueDuque presidirá el país en medio del conflicto social que se empieza a generar contra el Sistema Económico Global; un Sistema que ha venido minimizando la intervención social no productiva del Estado; donde prima la propiedad privada y la libre competencia en detrimento de los sectores más pobres de la población.

En este artículo se expondrá en qué consiste este Subsistema Económico, que ya forma parte del bloque Constitucional; se informará cuál es el nivel de dependencia financiera que se tiene con las entidades multinacionales que lo promueven y se mostrarán algunos de los sectores sociales donde se está cocinando este conflicto.

Subsistema Económico

En Colombia se han venido convirtiendo en leyes los acuerdos económicos de cada tratado internacional; es decir, se ha montado un Subsistema Económico jurídicamente sólido en donde, las sentencias de la Corte [1] y abundantes leyes reglamentan con amplitud la libertad del mercado y el papel regulador del Estado.

La Juridificación de la economía, adecuándola al nuevo orden mundial, ha sido permanente; este proceso inició y se implementó de forma agresiva durante la década de los 90, permeando incluso la Constitución del 91.

En la década de los 90, las funciones del Estado cambiaron radicalmente; a partir de allí, el Estado no puede intervenir en los mercados de forma directa[2]; la Libertad de Empresa y la Libre Competencia nacieron como derechos y emergieron legalmente en Colombia; y la Constituyente permitió que la ley de oferta y demanda determine el precio de los bienes y servicios.

El Estado solo podrá intervenir en algunos temas de regulación, como la fijación de precios máximos al público; básicamente en los productos necesarios para la subsistencia. Para cumplir con este objetivo, el constituyente dio vía libre al nacimiento de nuevos entes burocráticos o “entidades reguladoras del mercado” que emergieron en una cruenta competencia por parte de los intereses políticos y económicos que querían capturarlos.

El Modelo Económico desarrollado por el Fondo Monetario Internacional – FMI

Para prevenir las Crisis Financieras Internacionales, los préstamos que le hacen a Colombia se encuentran condicionados por la ejecución de políticas económicas elaboradas por el FMI y el Banco Mundial; estas entidades velan por que se mantenga un modelo económico lo suficientemente estable y así garantizan el pago de las deudas en que incurra el Gobierno.

El modelo que ellos han diseñado y que se ha implementado tiene dos grandes objetivos: primero, minimizar la acción del Estado globalizando la economía y permitiendo la auto-regulación del mercado; y, segundo, manteniendo un estricto control sobre la inflación. Todo esto enmarcado en un concepto de estricta disciplina fiscal[3].

Mano de obra barata

En estas leyes se garantiza la Libre Competencia, permitiendo prácticas comerciales e industriales del capitalismo salvaje; allí donde no son claros los límites del “todo vale” o del “fin justifica los medios”; las evaluaciones realizadas en este campo son extremadamente subjetivas y sus premisas conllevan a decisiones judiciales normalmente favorables a quien promulga la Libre Competencia; es decir, se ha dado a los principios económicos de la competencia el don de la legalidad.

A partir de la década del 90, todos los sectores de la economía fueron reglamentados[4]; entre estos se estimuló la presencia de organizaciones mercantiles y autosostenibles en los sectores de la salud, pensiones, empleo y educación; a partir de entonces, empezó a primar el beneficio del empresario sobre el bienestar de la comunidad; se considera que el empleo es una variable normal del entorno macroeconómico del mercado; por lo tanto, las empresas deben tener libertad para enganchar o despedir personal. Las empresas se crean para producir riqueza, no para generar empleo.

Acción represiva del Estado y oposición

En este modelo, el Estado tiene el poder de controlar las manifestaciones en su contra; se le ha convertido en el órgano nacional que supervisa y controla este orden económico; también, se le han incrementado sus facultades para intervenir en la administración de justicia y aumentar las Fuerzas Armadas; con estas acciones, se corre el riesgo de transformar el concepto del Estado que busca el bienestar para la comunidad, por el de un Estado penitenciario enfocado en el castigo; un modelo de estado donde se descuidan las obras destinadas a disminuir la desigualdad social de la población.

Adicionalmente, este nuevo orden busca limitar el derecho a la libre movilización; actualmente, en Colombia se registra el mayor número de líderes sociales asesinados; está aumentando el discurso que señala como desaparecidos los contenidos altruistas de los grupos de izquierda, convirtiéndolos en bandas de delincuentes; también se ha legalizado el comportamiento de la oposición a partir de un imaginario que busca mantener el Estado de las cosas y donde se otorga cierta vocería democrática a los partidos políticos declarados en oposición; una vocería que no tiene ningún efecto social importante.

En este nuevo orden económico empieza a tomar fuerza un “Derecho Penal” que permite sancionar, a nivel de prevención, conductas sospechosas; el “delincuente”, sospechoso de terrorismo por ejemplo, puede y debe tener un tratamiento penitenciario sin haber sido sentenciado; en este tipo de derecho prima la seguridad de las víctimas potenciales; no se castiga al autor de un hecho delictivo, sino al sujeto que se considera peligroso, tomando fuerza el argumento que apunta a la necesidad de una “reeducación preventiva” como medio para garantizar la seguridad.

Tomado de https://laorejaroja.com/ivan-duque-subsistema-economico-y-oposicion/

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[1] Algunas sentencias al respecto han sido: C-148/2015, C-263/2011, C-535/1997, C-620/2011, C-837/2013 y C-1045/2000[2]  Constitución Política de Colombia, Capítulo 5, Libro XII, “Del régimen económico y de la hacienda pública”.[3] La disciplina fiscal se refiere al conjunto de políticas, reglas y criterios establecidos hacer una administración tributaria eficiente y un manejo prudente de la deuda pública; busca minimizar el gasto público, mantener la inflación en bajos niveles y lograr un crecimiento económico sostenido.[4] Las políticas de Comercio Exterior; el mercado de capitales; el control de cambios; el mercado de las divisas; las telecomunicaciones, especialmente las redes de telefonía celular; el régimen laboral; los sectores de la salud, pensiones, trabajo y educación; en los cuales se estimuló la presencia de organizaciones mercantiles y auto-sostenibles.

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